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El Congreso Nacional de Comunidades de Regantes abogó por la unidad de todos los regantes

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Aproximadamente 1000 regantes, acompañantes y expertos participaron, del 14 al 18 de mayo, en el XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España, celebrado en el Auditorio Internacional de Torrevieja (Alicante).

El Presidente de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha del Río Segura, José Antonio Andújar, clausuró este Congreso definiéndolo como “el Congreso de la unidad y la esperanza” e insistió en la necesidad de seguir avanzando en la unión de todos los regantes. “Tenemos que conseguir que por toda España circule el agua, no solo el AVE”. Además, lanzó un mensaje a todos los partidos políticos: “Por favor, llegad a un acuerdo; España lo necesita”.
Este Acto de Clausura estuvo presidido por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, quien tendió la mano a los regantes, y centró sus palabras en la necesidad de construir un Pacto Nacional por el Agua y de adaptarse y adelantarse al cambio climático, entre otros objetivos. Asimismo asistieron la Directora General del Agua, Liana Ardiles; el Presidente de FENACORE, Andrés del Campo; el Secretario Autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero; el Alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón; el Secretario del Comité Organizador, Juan Valero de Palma, y el Consejero de Agua de la Región de Murcia, Miguel Ángel del Amor.

Conclusiones del Congreso
Los regantes destacan como conclusiones del Congreso que “el agua es un asunto de Estado”, y reclaman una acción “política integradora y largoplacista, que tenga como pilar un nuevo Plan Hidrológico Nacional capaz de garantizar la demandas de los distintos usuarios”.
Pidieron apoyarse en un Pacto Nacional del Agua que haga posible llevar adelante todas las actuaciones que ya están contempladas en los diferentes planes de cuenca vigentes y en los que se incluyen las obras de regulación correspondientes, siempre que sean lógicamente sostenibles en términos medioambientales, económicos y sociales.
Asimismo consideraron que se deben invertir los recursos personales y económicos necesarios para la seguridad y óptimo funcionamiento de los embalses, dado su papel social no sólo a la hora de garantizar agua en época de sequía sino de evitar los daños producidos por las inundaciones.
También tildaron de imprescindible avanzar hacia un Sistema Integrado del Agua donde todos los recursos -tanto superficiales (embalses, desaladoras, agua reutilizada…) como subterráneos (acuíferos)- estén alineados con las diferentes demandas, y reclamaron una reordenación del sector público para potenciar el funcionamiento de las confederaciones hidrográficas y su dependencia de la Administración Central.
Desde su punto de vista, ahora es un buen momento para elevar los fondos europeos (FEADER) programados para modernización de regadíos en todos los Planes de Desarrollo Rural incluido el nacional. Consideran que estos fondos deben distribuirse de forma más equitativa para compensar las inversiones acometidas por los regantes, con independencia de la comunidad autónoma en la que se ejecute el proyecto de modernización.
También analizaron la fórmula puesta en marcha en Castilla y León, donde el esfuerzo financiero del Ministerio de Agricultura -gestionado a través de Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA)- se ve apoyado por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta, y concluyeron que se está a tiempo de seguir ese ejemplo y aplicar los mismos criterios de financiación en todo el territorio nacional para tender hacia fórmulas más favorables para los usuarios.
Otro tema abordado por los regantes fue la gobernanza de agua. Son conscientes de que deben hacer frente también a una transformación de sus sistemas de gestión administrativa para adaptarse al nuevo entorno digital de acuerdo a las particularidades de cada comunidad de regantes para minimizar las obligaciones de las de menor tamaño y por tanto, menos recursos.
Las Comunidades de Regantes también afirmaron que impulsarán las iniciativas necesarias para el cumplimiento de las novedades legislativas relacionadas con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Transparencia y el nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos.

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